El mal gobierno corporativo es una de las principales razones del fracaso de las empresas y fue decisivo en la desastrosa quiebra de Carillion. Así pues, la próxima revisión delConsejo de Información Financiera (FRC ) debería ser muy bien acogida por los gestores de riesgos, pero ¿qué pueden esperar e irá lo suficientemente lejos?
¿Cuál es el problema?
Creada en 1990, la FRC supervisa el régimen disciplinario de las profesiones contable y actuarial y mantiene los códigos de Gobierno Corporativo y de Administración del Reino Unido.
En los últimos meses, la FRC ha sido objeto de críticas en varios frentes, en particular por su “excesiva proximidad” a las empresas que audita y por la excesiva indulgencia de sus sanciones.
La revisión, anunciada recientemente por el secretario de Estado de Economía, Greg Clark, será una investigación independiente dirigida por Sir John Kingman, presidente de Legal & General, y deberá estar terminada a finales de año. Su objetivo es examinar la supervisión, la responsabilidad y la independencia del FRC, y si sus poderes son suficientes o si deberían ampliarse.
También considerará si la FRC dispone de suficientes recursos, habilidades, experiencia y capacidad para cumplir sus responsabilidades, incluyendo si sus actuales acuerdos de financiación son suficientes.
¿Necesita el FRC más poderes?
Las críticas pueden estar justificadas, pero hay que tener en cuenta que la FRC sólo puede perseguir a los actuarios y a los miembros de los colegios profesionales de contables. Por tanto, sólo puede perseguir a un número limitado de individuos.
En particular, en el caso Carillion, está investigando, en el marco de sus competencias contables, la conducta de dos antiguos directores financieros, Richard Adam y Zafar Khan. Sin embargo, otras investigaciones pueden tener que ser gestionadas por otros reguladores y autoridades. Puede tener sentido dotar al FRC de poderes más amplios o, desde luego, fomentar un enfoque más conjunto.
Elevar las normas de información
En el caso de Carillion, se observó que las declaraciones de viabilidad de las empresas pueden carecer de sentido, ya que sus directivos declararon que “tienen una expectativa razonable de que la empresa podrá seguir funcionando y hacer frente a sus obligaciones”, algo que a todas luces era casi imposible, dada su carga de deuda.
Y aunque la mayoría de las grandes empresas también se someten a revisiones de la eficacia del consejo, no hay ninguna normalización y algunas se basan simplemente en cuestionarios y en marcar casillas.
De nuevo, citando a Carillion, en 2016 la empresa afirmó que su “consejo, cada uno de sus comités y los directores siguen siendo muy eficaces”.
La evaluación de las auditorías debe ser una prioridad
Volviendo a las competencias básicas del FRC, se pide un control mucho más riguroso e independiente de los auditores y que se compruebe que su remuneración no es excesiva. Todas las “Cuatro Grandes” han sido criticadas por el trabajo realizado para Carillion, pero la auditora externa oficial, KPMG, es la que ha recibido más atención y está siendo objeto de una investigación de la FRC.
La diputada Rachel Reeves, presidenta de la Comisión de Empresa, Energía y Estrategia Industrial, declaró durante la investigación en curso: “KPMG tiene serias preguntas que responder sobre la quiebra de Carillion. O bien KPMG no detectó las señales de alarma, o bien su juicio se vio empañado por su acogedora relación con la empresa y los honorarios multimillonarios que percibió”.
Se avecinan sanciones más duras
Sin embargo, los auditores se enfrentan a tiempos más difíciles, ya que la FRC ha declarado que, a partir de junio, se impondrán multas de hasta 10 millones de libras esterlinas a las empresas de las Cuatro Grandes por “trabajos de auditoría gravemente deficientes” y también se impondrá a los particulares la exclusión de la profesión contable durante un mínimo de 10 años por deshonestidad. Anteriormente, la mayor multa impuesta por el FRC era de 5,1 millones de libras.
Endurecimiento de los controles
Para las empresas en general, también hay cambios en el Código de Gobierno Corporativo previstos para 2019, y el FRC también está desarrollando nuevos principios para las grandes empresas de propiedad privada. Parece que las medidas incluirán la obligatoriedad de que las empresas se comprometan con los accionistas si más del 20% vota en contra de una resolución de la empresa y una mayor atención a los derechos de pensión.
Mientras continúan las consecuencias de Carillion, la magnitud de la quiebra sin duda hará que las cuestiones de gobernanza ocupen un lugar destacado en la agenda del futuro inmediato.
{{cta(‘e8b4f208-4780-4092-a2be-cba9ac688deb’)}}
